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El Gobierno no puede descartar que aparezcan más personas y nombres implicados en la corrupción
Madrid |
El registro judicial en el domicilio de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exdirigente socialista, ha revelado nuevos indicios que podrían agravar su implicación en el conocido como caso Koldo. Según consta en el acta elaborada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que publica El Mundo, una mujer identificada como Anais D.G., amiga del exministro, intentó sacar de la vivienda un disco duro oculto en su ropa durante el operativo llevado a cabo el pasado 10 de junio en Valencia.
Los hechos ocurrieron en torno a las 8:50 horas, al inicio del registro ordenado por el juez del Tribunal Supremo. Según el relato recogido por los agentes, Ábalos indicó que la mujer debía salir a pasear al perro y, de paso, le pidió que cogiera algo de desayuno. Sin embargo, un agente se percató de que la mujer no portaba alimento alguno, sino que ocultaba un objeto entre sus prendas. Tras proceder al cacheo, los agentes encontraron un disco duro escondido en su pantalón, que fue incautado como primera evidencia digital del registro.
El operativo se prolongó durante cinco horas y media en la vivienda del exministro, de donde se extrajeron un total de 34 evidencias digitales, entre las que se incluyen memorias USB, dos teléfonos móviles, una tableta y diversos documentos. Entre ellos destaca un cuaderno rojo con la inscripción "Mafex", en referencia a la Asociación de la Industria Ferroviaria Española. La letrada de Ábalos que acudió durante el registro fotografió dicho cuaderno y remitió las imágenes al abogado habitual del exministro.
El mismo día, por la tarde, se realizó una segunda intervención en el domicilio, que sumó otras cinco memorias digitales a la lista de pruebas. El registro formó parte de una macrooperación judicial que incluyó 11 entradas simultáneas, cinco de ellas en domicilios particulares y el resto en empresas constructoras presuntamente implicadas en la trama. Entre ellas, destaca la sede de Acciona, donde los agentes solicitaron documentación relativa a cinco obras bajo sospecha de estar vinculadas con el pago de comisiones ilegales.