Las nuevas leyes de Giorgia Meloni en Italia: siete años de cárcel para los okupas y prohibido manifestarse en lugares públicos
El nuevo decreto plantea una batería de nuevos delitos y endurecimientos de penas frente a la okupación de viviendas o los cortes de carreteras.
El Senado de Italia ha dado el aval final a un polémico decreto sobre seguridad impulsado por el Gobierno de Giorgia Meloni y que plantea una batería de nuevos delitos y endurecimientos de penas frente a la ocupación de viviendas o los cortes de carreteras.
La medida, que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados a finales del mes pasado, ha recibido en el Senado 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención.
14 nuevos delitos
Introduce 14 nuevos delitos, entre ellos el de okupación ilegal de una propiedad privada, y una batería de circunstancias agravantes.
Meloni ha destacado tras la aprobación que Italia da "un paso decisivo para reforzar la protección de los ciudadanos, de los colectivos más vulnerables y de los hombres y mujeres uniformados". Asimismo, ha destacado que se proteja a las familias y "propietarios honestos" de las "injusticias intolerables" en caso de okupación ilegal.
"La legalidad y la seguridad son pilares de la libertad. Y seguiremos defendiéndolas con determinación", ha prometido la primera ministra, cuyo partido, Hermanos de Italia, gobierna en coalición con otras dos formaciones de derechas -la Liga y Forza Italia-.
Nuevos tipos del delito de terrorismo
Entre otras medidas, la ley supondrá un endurecimiento de las sanciones en caso de motines en las cárceles, de okupación de viviendas, o de acciones de desobediencia civil, como cortar carreteras, e introducirá nuevas tipos del delito de terrorismo.
También crea el delito de okupación arbitraria de inmueble, que estará penado de dos a siete años de cárcel, y se prevé la posibilidad de que la policía judicial ordene la liberación inmediata del inmueble okupado, incluso sin orden judicial, en el caso de okupaciones ilegítimas.
Una de las más controvertidas
Una de las medidas más controvertidas es que suprime la obligación de aplazar la pena para las mujeres embarazadas y con hijos.
La ley refuerza la protección penal de la policía y se incrementan las penas por lesiones, resistencia y violencia contra funcionarios públicos y se introduce una circunstancia agravante si el acto se comete contra un agente de la policía judicial o de seguridad pública.
Además, la nueva norma apuesta por penas de hasta cinco años de prisión para quienes sean responsables de instigar revueltas en las cárceles italianas.
También introduce la posibilidad de equipar a la policía con cámaras corporales para grabar la actividad operativa y se introduce una ayuda financiera para gastos legales de hasta 10.000 euros para los agentes involucrados en procedimientos penales relacionados con el servicio.
Y se endurecen las penas para quienes empleen a menores en la mendicidad y para quienes cometan fraude y se refuerzan las herramientas para reprimir el fraude contra las personas mayores, con la introducción de una hipótesis específica de fraude agravado, con penas de dos a seis años y una multa de entre 700 y 3.000 euros.